Sistema Penitenciario
Segundo Enfoque
Evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
Los sistemas penitenciarios del país son evaluados anualmente por la CNDH -Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria-, en cuyos ejercicios correspondientes al 2018 y 2019 la calificación nacional de los centros penitenciarios federales fue:
2018 | 2019 |
7.48 | 7.53 |
La mejor calificación en 2018 por centro penitenciario fue de 8.67 (CEFERESO «Aserradero», en el Complejo Penitenciario Islas Marías) y en 2019 fue de 8.23 (CPS Guanajuato y la menor calificación en 2018 fue de 6.52 y en 2019 fue de 6.37
Por su parte, la calificación nacional que arrojaron los centros penitenciarios locales fue de:
2018 | 2019 |
6.45 | 6.75 |
En donde en 2018 únicamente tres entidades federativas obtuvieron calificación superior al 8 (8.21; 8.21 y 8.01) y en 2019 fueron 4 (8.22; 8.07; 8.03 y 8.01) y, por otro lado, en 2018 ocho se encuentran en promedios reprobatorios, siendo la calificación más baja de 4.92, y en 2019 solamente 3, siendo la calificación más baja 5.42.
Implementación y consolidación del nuevo Sistema Penitenciario
De los resultados que arrojó la citada evaluación de la CNDH, se vislumbra necesario e ineludible dimensionar los avances reales en la implementación y consolidación del nuevo Sistema Penitenciario en ambos fueros, proponer acciones inmediatas para que las autoridades penitenciarias fortalezcan su operación y eviten ser sujetos de alguna sanción administrativa o penal.
Consecuencias de una implementación y consolidación incompleta o deficiente
El incumplimiento total o parcial de esta obligación podría conllevar:
- Publicidad de recomendaciones no cumplidas y comparecencia ante el Senado de la República o Comisión Permanente del Congreso de la Unión para justificación / CNDH.
- Amparos / multas o destitución de cualquier servidor público.
- Resoluciones judiciales contra actos de la autoridad penitenciaria con impacto regional o nacional (operativo; administrativo y presupuestal).
- Resoluciones internacionales condenatorias al Estado mexicano como represor y violador de derechos humanos.
- Visitas de Relatores de los Derechos Humanos / ONU.
- Ambiente propicio para el surgimiento de autogobiernos, cogobiernos, motines, huelgas y evasiones.
- Sanciones administrativas a cualquier servidor público, consistentes en:
– Amonestación pública o privada.
– Suspensión del empleo, cargo o comisión.
– Sanción económica o multa.
– Inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión - Pena de prisión por la comisión de delitos (más agravante, en su caso, por calidad de sujeto activo – servidor público).
CARPEL proporciona la intervención de especialistas para elaborar un diagnóstico real y oportuno respecto de la operación del nuevo Sistema Penitenciario; continuar los trabajos de implementación y consolidación, así como supervisar y dar seguimiento eficaz a sus avances.